Reino Unido aprobará el miércoles una nueva legislación antiterrorista que quiere prohibir las pólizas de seguros que cubren secuestros. Según datos facilitados por ministra del Interior, Theresa May, Estado Islámico ha ganado este año 35 millones de euros con el cobro de rescates. Estados Unidos y Reino Unido abanderan la política de no pagar, por los motivos que ha vuelto a explicar May: «Nuestra posición es muy clara. Pagar rescates a los terroristas es ilegal según nuestra legislación y según las leyes internacionales. Atender a las demandas de bárbaros como Estado Islámico solo pone más vidas en riesgo». Es un difícil debate moral, porque aunque es cierto que el pago fomenta más secuestros, la alternativa es ver morir a tus nacionales de la manera más cruel. Varios países europeos sí han pagado, entre ellos España, donde impera una absoluta opacidad sobre cuánto se ha abonado a los terroristas para salvar a periodistas y cooperantes capturados por los salafistas.
Las nuevas medidas antiterroristas intentarán obligar también a las plataformas de internet a que revelen la identidad de sospechosos de cometer prácticas delictivas en la Red. «Actualmente no llegamos a acceder a todo el mundo que tiene acceso a contenido ilegal en internet», reconoce la ministra, haciéndose eco de una queja reiterada del Gobierno británico. Como siempre, vuelve a surgir el debate libertad-seguridad. En este caso, el derecho a la intimidad debería ser sacrificado para prevenir el crimen. Estado Islámico ha hecho un uso maestro de las redes sociales para divulgar sus actos violentos y hacer apología del terrorismo. ¿Debe YouTube permitir que se suban a su plataforma vídeos de asesinatos truculentos? ¿Puede admitir Twitter que los milicianos del califato lleguen a transmitir órdenes de combate a través de sus cuentas, o que alardeen sin problema de sus barbaridades? Son preguntas difíciles, que chocan con la inhibición de los líderes digitales, pero cada vez más pertinentes.
En Reino Unido en lo que va de año han sido detenidos 271 sospechosos relacionados con el yihadismo. Pero la policía reconoce que sus fuerzas ya no bastan, que la amenaza es tan porosa que se requiere la colaboración de los gigantes de Palo Alto y de toda la sociedad británica. El Gobierno inglés ha anunciado que expertos de la lucha antiterrorista impartirán cursillos de prevención de la amenaza a 6.000 miembros del personal de escuelas, universidades, cines, centros comerciales y granjas. También se darán consejos a pasajeros y personal del ferrocarril. Reino Unido se encuentra desde finales de septiembre en el grado dos de alerta antiterrorista, con un esfuerzo policial extremo, que sin embargo no resulta atosigante en las calles de Londres. Más de quinientos jóvenes musulmanes británicos se han enrolado en la Yihad.
El nuevo paquete de contraterrorismo incluirá también la anunciada retirada del pasaporte durante dos años de los jóvenes musulmanes que han viajado a Siria e Irak y pretenden ahora regresar a Reino Unido, donde podrían cometer atentados. Solo podrán volver si aceptan las condiciones de vigilancia del Gobierno.
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